Algunos eruditos del nacionalismo, temerosos de plantear una solución eficaz a los problemas derivados del colonialismo en Canarias, recurren en ocasiones, cuando se les pregunta sobre su posición sobre el independentismo, a la simplona y poco madurada propuesta del “Estado libre asociado”.
Supongo se habrán parado a sopesar los pros y los contras de tamaña propuesta. En tal caso, será fácil concluir que quienes proponen esta solución, o no saben lo que dicen, o quieren desgraciarnos -aún más- como pueblo.
En los últimos tiempos hemos tenido algunos claros ejemplos de “estados asociados”, que – todo hay que decirlo- obedecen a una estratagema de potencias colonialistas para disfrazar la falta de soberanía de los pueblos a través de una calificación que se atreve a utilizar la palabra libre, donde debería decir “bien atado”.
Uno de los casos más flagrantes es el de Puerto Rico. El nombre de este singular estado libre asociado se debe a las riquezas que se sacaban de este país, si bien los nativos denominaban a la isla principal “Boriken”, de ahí el gentilicio Boricua. No es casualidad que las potencias colonialistas tuvieran una especial fijación en este territorio cuando le pusieron este nombre. Así los europeos se adentraron en la isla en el año 1493 y durante varios siglos sacaron oro mientras traían enfermedades, gobernadores y esclavos. El imperio británico intentó hacerse con el control de la isla, pero los españoles la mantuvieron bajo su dominio hasta que en 1898 Estados Unidos entrara a ocupar el país durante la Guerra Hispano-Americana. El 10 de diciembre de 1898 en el Tratado de París, España cedía a Estados Unidos Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam a cambio de 20 millones de dólares. España temía en aquella época que el conflicto se pudiera trasladar además a territorios como Canarias y buscó la solución más fácil y menos comprometida, y que posteriormente volvería a utilizar en territorios colonizados como el Sáhara: salir por patas.
Se oficializaba la sustitución de un imperio colonialista por otro. España cedía a Estados Unidos Puerto Rico como si de estampitas se tratara. Pero la falta de soberanía desde la llegada de los invasores europeos se va a mantener hasta nuestros días, disfrazándose poco a poco de “democracia y libertades”.
Pese a ser posesión estadounidense, no se les otorga ciudadanía a los puertorriqueños hasta el año 1917, con la Ley Jones, y no tuvieron gobernador nativo hasta que en 1946 Truman designara a dedo a Jesús Toribio Piñero como “Comisionado Residente de Puerto Rico”, una especie de cargo con representación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero sin voto.
Posteriormente los puertorriqueños han tenido la oportunidad de designar a sus propios actores para hacer el paripé en la Cámara de los Representantes, mientras las sublevaciones independentistas eran combatidas dentro y fuera. En 1952 Puerto Rico dispone de su “propia” Constitución, en la que se deja bien escondida la consideración colonial para vender las virtudes de la constitución de un Estado Libre Asociado.
Se zanjaban de esta manera las posibles aspiraciones independentistas en Puerto Rico. Curiosamente, a pesar de dejar de ser libre desde la colonización europea, se utiliza este término que raya la ambigüedad más absoluta pues ni termina de ser Estado en su concepción formal ni en la que tienen el resto de estados de EE.UU.; ni llega a ser expresamente libre, puesto que lo que ha habido en todo momento es un traspaso de poderes y un cambio de normas pero sigue sin haber soberanía; y no tiene nada de asociado, pues para asociarse lo lógico es que dos se junten voluntariamente para un mismo fin, no que te obliguen a ello.
En cualquier caso, y aunque la comunidad internacional haya hecho oídos sordos ante la reclamación de los derechos nacionales que asisten al pueblo puertorriqueño , los problemas derivados de cualquier situación colonial, por muy Estado Libre Asociado que se sea, no difieren en demasía de las relaciones de dependencia de otros territorios como el canario.
El Gobierno puertorriqueño tiene competencias tan limitadas como las que tiene el gobierno canario y las decisiones importantes además, tienen que contar con el beneplácito de Estados Unidos. No hay más que darse una vuelta por la web del Gobierno de Puerto Rico, para darse cuenta que al final sus competencias no llegan mucho más allá de realizar trámites administrativos, que podrían gestionar en muchos de los casos una institución como un ayuntamiento. La posibilidad de disponer de una Constitución propia además, no determina posibilidad alguna de mayores cotas de autogobierno pues lo que realmente hace es limitarlas. Las decisiones importantes de los puertorriqueños siguen estando supeditadas a los intereses de la potencia colonial, que se guarda todos los ases en la manga, como las relaciones diplomáticas y la defensa a través de su ejército de ocupación.
¿Con “asociados” como Estados Unidos que cabía esperar? ¿Alguien espera algo mejor de España?
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